Aumentar el valor de las viviendas y limitar aún más su acceso para las familias de grupos vulnerables, emergentes y de clase media, es lo que ocurrirá si se aprueba el proyecto de ley que busca eliminar el crédito especial a la construcción de viviendas con el objetivo de financiar la Pensión Garantizada Universal.
Chile ha sido pionero a nivel latinoamericano en implementar una política de Estado para atender el déficit habitacional. Para ello existen algunos instrumentos que facilitan a las personas, en especial a las de menos recursos, acceder a una vivienda mediante subsidios habitacionales, exención del pago del IVA a la compraventa, y el crédito especial a la construcción de viviendas, que consiste en la aplicación de un subsidio indirecto a las personas al evitar traspasar parte de los costos de construcción al comprador.
Esos instrumentos permiten que hoy anualmente nueve de cada diez hogares acceden a una vivienda con alguno de esos apoyos. De hecho, el en periodo 2010-2019, de las 126.630 familias que compraron una vivienda al año, 116.000 lo hicieron gracias a estas ayudas estatales. De ese número, 68.000 familias se hicieron propietarios con el respaldo de los tres instrumentos, y 48.000 solo con el apoyo del crédito especial al haber comprado una vivienda sin subsidio. Sin duda que el panorama no es auspicioso de llegarse a eliminar el crédito especial, sobre todo cuando nuestra región posee un déficit habitacional superior a las 25 mil viviendas, a lo que se suma la existencia de 89 campamentos que albergan a 7.298 familias según el catastro 2020-2021 de TECHO – Chile.
Eliminar este beneficio tributario encarecerá el costo de construcción de las viviendas en aproximadamente 12%, causando dos efectos directos en las viviendas con subsidio, dado que su precio tiene un tope máximo fijado en los decretos de los programas habitacionales, es probable que se produzca una reducción de la oferta de viviendas afectando al 72% de los hogares más vulnerables. Y las viviendas sin subsidio, donde lo esperable es que aumente su valor limitando las posibilidades de miles de familias emergentes y de clase media que aspiran a obtener la vivienda propia. Este impacto negativo ha sido advertido por el Gobierno electo, que ante esta eventualidad han planteado la creación de mecanismos alternativos que eviten perjudicar a las viviendas subsidiadas, pero no así a las no subsidiadas.
Como ejemplo en la comuna de Antofagasta, el 62,9% de las viviendas vendidas a septiembre de 2021, correspondieron a inmuebles con valores entre UF 2.000 y UF 4.000, susceptibles de aplicar este crédito especial.
Desde la CChC proponemos mantener el Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC) para la vivienda que se adquiera con subsidio. De lo contrario, que se implementen dos medidas complementarias en paralelo con la eliminación del CEEC, tanto para viviendas adquiridas solo con subsidio y ahorro (DS 49, 19 y 01, para hogares vulnerables) donde se reconozca en el precio de las viviendas el mayor costo de construcción que implicará terminar con el CEEC y, al mismo tiempo, compensar directamente a los compradores de estas viviendas mediante un mayor subsidio, por un monto equivalente al aporte actual del CEEC.
Y en el caso de viviendas adquiridas sin subsidio, implementar una garantía estatal al pie de la primera vivienda, permitiendo que las instituciones financieras entreguen un crédito adicional con el respaldo de este “pie garantizado” hasta totalizar el 95% del valor de la vivienda. Medida que no tendría un costo fiscal relevante y permitiría apoyar a miles de familias anualmente, especialmente emergentes y de clase media.
El desafío de mejorar las pensiones no puede sostenerse agravando la crisis de vivienda ya existente. El Estado, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades tienen el compromiso de actuar conjunta y coordinadamente para que el desarrollo social de Chile sea para todas y todos.
Marcela Torres Moraga
Presidenta
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta
